Establecida en 1937 National Lawyers Guild, NLG es la primera organización multirracial dentro de EEUU, esta tiene como misión utilizar la ley en favor del pueblo, agrupando abogados, estudiantes de derecho, trabajadores del sector jurídico y abogados penalistas en aras de funcionar como una fuerza efectiva valorando los derechos humanos y los derechos del ecosistema por encima de los intereses privados.
National Lawyers Guild Cuba Subcommittee, NLG Cuba SC, (Subcomité del Gremio Nacional de Abogados para Cuba) tiene un historial de brindar servicios legales directos relacionados con los viajes desde EEUU a la isla, así como en la realización de trabajo educativo y organizativo apoyando la normalización de las relaciones entre ambos países. Sus miembros manifiestan oposición al continuo bloqueo económico contra nuestro país, trabajan tanto para educar al pueblo estadounidense sobre su diseño y sus efectos de gran alcance, como para organizarse contra las continuas restricciones extraterritoriales al comercio pacífico, que es ampliamente visto como una violación de los derechos internacional e interno de muchas naciones. Desde el año 2000, NLG Cuba SC organizó una red nacional de abogados para brindar asesoramiento y representación legal a los viajeros estadounidenses que viajan a la nación cubana, a través del asesoramiento a los ciudadanos de EEUU sobre sus derechos constitucionales en ese sentido y brindar protección, aunque sea de forma administrativa.
Tribunal Internacional de los Pueblos contra el imperialismo estadounidense:
Consideramos las sanciones como una de las herramientas clave del imperialismo estadounidense. Para descubrir la profundidad y amplitud del imperialismo estadounidense, determinaremos el impacto de las sanciones en diversos aspectos de la vida, centrándonos en cuestiones sociales, políticas, económicas y ecológicas.
Celebraremos audiencias sobre el impacto de las sanciones en 16 países de América Latina, África y Asia. La sesión inaugural del Tribunal tendrá lugar en enero de 2023 en la ciudad de Nueva York, y la sesión de clausura se celebrará en julio de 2023 en Caracas, Venezuela. Ambas se celebrarán en persona. Todas las audiencias por países se celebrarán en línea, desde el invierno de 2023 hasta el verano de 2023.
Las naciones representadas en el Tribunal son Cuba, Etiopía, Eritrea, Haití, Irán, Irak, Líbano, Libia, Palestina, Nicaragua, Corea del Norte, Sudán, Siria, Venezuela, Yemen y Zimbabue.
Las sanciones selectivas y los bloqueos afectan a todos los aspectos de la vida. Por ello, hemos seleccionado 15 temas para tratar en el Tribunal, aunque no todas las naciones tratarán todos los temas. Esto se dejará a discreción de los expertos y testigos que representen a cada nación. Los temas son la salud pública, los sistemas financieros, los refugiados y la migración, las exportaciones y el turismo, la educación, el desarrollo tecnológico, las infraestructuras, la agricultura, la sociedad civil, el desarrollo, el empoderamiento de la mujer, la macroeconomía, la fabricación y la industria, el impacto medioambiental y el bienestar y el empleo.
Los países elegidos no son exhaustivos de los Estados afectados por las sanciones estadounidenses, pero son emblemáticos del papel y la función de las sanciones imperialistas, así como de los múltiples niveles y formas de impacto.Acciones legales contra las atrocidades de Estados Unidos.
https://sanctionstribunal.org/booklet/
Acciones legales contra las atrocidades de EE.UU.
Desde el final de la Guerra Fría, el mundo ha sido testigo de una proliferación sin precedentes de regímenes de sanciones, en particular por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos. Esto se debe en parte al colapso de la Unión Soviética, que puso fin al bloqueo entre superpotencias en el Consejo de Seguridad. A lo largo de las últimas décadas, las sanciones se fueron reconfigurando lentamente, pasando de ser armas en tiempos de guerra a instrumentos políticos en tiempos de paz. Para que este esfuerzo se materializara, responsables políticos, juristas y funcionarios gubernamentales hicieron campaña para legitimar las sanciones como arma legal para castigar a las naciones que se niegan a someterse a Estados Unidos y Europa.
El Tribunal Internacional de los Pueblos contra el imperialismo estadounidense: Sanctions, Blockades, and Economic Coercive Measures aborda las medidas económicas coercitivas como intrínsecamente violentas, diseñadas para mantener la desigualdad económica, continuar el robo de riqueza al Sur Global y preservar la jerarquía racial en el sistema internacional. Tales medidas son estructuralmente incapaces de reforma, y no pueden incorporar preocupaciones humanitarias. El Tribunal es un esfuerzo colectivo para construir sistemas de rendición de cuentas -enraizados en la solidaridad global entre movimientos- tanto dentro como fuera de la ley, para desafiar la violencia del imperialismo a través de las sanciones. Cuestionamos las sanciones no desde la perspectiva de quienes las aplican, sino desde la perspectiva de los más afectados por ellas, es decir, los pueblos de Asia, África y Sudamérica.
¿POR QUÉ CELEBRAR UN TRIBUNAL POPULAR?
Los Tribunales Populares recogen el espíritu de autodeterminación e internacionalismo que se expresó en las luchas anticoloniales del siglo XX y se institucionalizó en la Conferencia Tricontinental celebrada en Cuba en 1966. Reúnen a abogados, académicos y organizadores de movimientos de todo el mundo y están diseñados por los movimientos sociales y las comunidades en las que están arraigados, a los que deben rendir cuentas. Al operar al margen de la lógica y las instituciones del derecho capitalista e imperialista, los Tribunales Populares toman decisiones que pueden no ser vinculantes y no tienen fuerza de ley, pero sus logros en un registro político y discursivo inspiran y proporcionan las herramientas necesarias para la organización presente y futura. Los Tribunales Populares permiten a los oprimidos juzgar a los poderosos, definiendo tanto el contenido como el alcance de los procedimientos, lo que invierte la norma de que sean los poderosos quienes creen y apliquen la ley.
Existe una larga tradición de organizadores y abogados radicales que utilizan la ley para llevar a juicio al capitalismo y al imperialismo. Organizado por el Congreso de Derechos Civiles, y apoyado por el Partido Comunista, así como por una serie de luminarias de la izquierda negra, como W. E. B. Du Bois, Claudia Jones y Paul Robeson, We Charge Genocide: The Historic Petition to the United Nations for Relief of a Crime of the United States against the Negro People, acusaba al sistema político-económico del capitalismo y la supremacía blanca de infligir numerosas formas de violencia estructural y física a la población negra en Estados Unidos, además de establecer paralelismos con la violencia imperialista estadounidense en el extranjero.
El Tribunal Russell se creó en 1966 para juzgar la intervención militar estadounidense y los crímenes de guerra en Vietnam. El mismo formato resurgió en posteriores Tribunales Russell que se ocuparon de las dictaduras militares brasileña y argentina respaldadas por Estados Unidos (1964 y 1976, respectivamente), el golpe de Estado en Chile respaldado por Estados Unidos (1973) y las intervenciones estadounidenses y europeas contra Irak (1990, 2003). El Tribunal Internacional para la Democracia en Brasil de 2016 examinó críticamente el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y el papel del gobierno de Estados Unidos. Organizado en Bruselas por grupos filipinos e internacionales, el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre Filipinas de 2018 expuso y condenó las múltiples formas de violencia estatal ejercida sobre el pueblo filipino desde que Rodrigo Duterte asumió la presidencia en 2016. Y, por último, el gobierno de Estados Unidos fue sometido directamente a juicio por un par de Tribunales Populares innovadores, como el Tribunal Internacional sobre Katrina y Rita de 2007 y el Tribunal Internacional sobre los Crímenes Coloniales de Estados Unidos contra Puerto Rico de 2018.
